Con
ocasión de los diferentes comentarios que se han suscitado en las redes
sociales, referente al control fiscal que ejercerá la Contraloría General de la
República sobre algunos de los contratos celebrados por la Gobernación de San
Andrés, los cuales son competencia de la Contraloría Departamental debido a que
son recursos del departamento, el ente de Control Fiscal de los Isleños se
permite informar y sobre todo aclarar a la comunidad que:
La
Contraloría General del Departamento no ha sido intervenida por la Contraloría
General de la Republica como se ha desinformado a través de las redes sociales.
Entre
tanto, los hechos que si son veraces hacen referencia a un Control prevalente que
ordenó el Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba Larreta, no
solo sobre el contrato 362 de 2020 celebrado por la gobernación de San Andrés,
si no sobre varios de los contratos que han celebrado otros departamentos y
municipios durante la declaratoria de la urgencia manifiesta, tal como se puede
evidenciar a través de las resoluciones 0791 del 14 de abril, 0812 del 24 de
abril y 0831 del 30 de abril, todas de 2020.
Cabe
señalar que la anterior decisión de la CGR se fundamenta en el Decreto Ley 403
de 2020 en sus artículos 18, 19, 20 y 21 y las facultades que le confiere el artículo
267 de la Constitución Política, el cual fue modificado por el Acto Legislativo
04 de 2019 en su artículo 1 y 2, a través de los cuales, La Contraloría General
de la República puede adquirir la competencia prevalente sobre los entes de
control fiscal territoriales para ejercer control sobre los recursos de un
departamento o municipio.
Teniendo
en cuenta lo anterior, es válido aclarar e informar a la comunidad que la
decisión tomada por la Contraloría General de la República no es una acción en
contra de la gestión del ente de control fiscal del departamento, y mucho menos
una acción descalificante.
Cabe
señalar que esta medida implementada por la Contraloría General del República
se ha adoptado también en otros municipios y departamentos (17) en total como se
referencia en las resoluciones ya mencionadas y que hacen parte de una política
que establecieron de manera conjunta la Contraloría General de la República, la
Fiscalía General y la Procuraduría General de la Nación a fin de centralizar el
control fiscal de los recursos que se han invertido en todo el país para
atender la crisis del COVID-19.
Finalmente,
la Contraloría Departamental respeta y acata la decisión tomada por la
Contraloría General de la República al asumir el proceso auditor de dichos
contratos, haciendo claridad que continuará ejerciendo un Control Fiscal
Participativo con Resultados como lo anunció Justiniano Brown Bryan en su Plan
Estratégico 2020 – 2021.